Por Pablo Rojas Casanova - Vocero CEP
(Coordinadora Educación Popular Talca)
En el sistema educacional chileno el Estado cumple la doble función
de finan ciar y regular el mercado, por una parte, y de proveer directa e indirectamente de "servicios
educativos" (a través de
establecimientos municipales en el caso de la educación primaria y secundaria y
de universidades estatales en el caso de la educación superior), por otra.
Sin embargo, ante la
ausencia de un sistema educacional planificado de acuerdo a las necesidades del
país, en la práctica lo que prima en el sector "público" es una
provisión regida por criterios de autofinanciamiento
y competencia por la captura de subsidios estatales, lo que redunda en que
finalmente sea el mercado el que determina las necesidades y la forma en que
estas son satisfechas.
De este modo, se
supone que en Chile existe un sistema mixto de educación fiscalizado por el
Estado. Es decir, el servicio de educación lo pueden prestar tanto privados
como instituciones públicas, donde el Estado cumple un rol de prestador,
regulador y supervigilante de la entrega de educación. Esto significa que en
Chile la entrega de educación se impone como responsabilidad al Estado,
poniéndolo en una posición de responsable frente a la satisfacción de una
"necesidad" determinada por el mercado.
A este fenómeno hoy
le llamamos "derecho a la educación". En otras palabras, existe una
obligación del Estado de garantizar que exista una demanda constante, de forma
que el cacareado "derecho a la educación" no sea más que un seguro de
rentabilidad para los privados, que parcha todos aquellos "errores"
de los mismos o a cubre toda la oferta generada por el mercado.
Esto hace del sistema
de educación un saco roto para el Estado y un muy buen negocio para los
capitales privados. Lo que en cierto sentido genera el recelo de muchos
miembros de la clase política, tanto del capitalismo socialdemócrata, como de
los sectores más liberales; no tanto por el impacto social que tiene esta mala
administración, sino por las irregularidades en el origen de estas ganancias.
La pugna política
llevada a cabo durante estos 20 años entorno al "problema de la
educación" ha creado modificaciones sin un fin determinado, potenciando
más que mitigando las aberraciones del sistema de educación de mercado. Un
ejemplo de esto es la creación de "normas de calidad", destinadas a
medir si el producto generado cumple con las expectativas del usuario. Las
agencias de Acreditación, incluida la Agencia Nacional de Acreditación, miden
en el fondo aspectos que nada tienen que ver con el objetivo de la educación en
sí misma, difícilmente podrían hacerlo, puesto que el objetivo en realidad no
existe.
Este concepto de
"calidad" medido a través de la acreditación, y que hoy le da
sustento práctico a la esfera técnica del sistema de educación, nada tiene que
ver con el objetivo que debiera buscar el proceso formativo y de asimilación de
conocimientos, es decir, el desarrollo humano.
Para la universidad
la obtención de la acreditación le permite subir el precio de su mercancía o
aumentar la cantidad de consumidores de su servicio, y es en virtud de esto que
intentará cumplir los requisitos para obtenerla. De no obtenerla tendrá que
bajar sus precios para no morir en la competencia al vender un producto
"de menor calidad".
¿Qué sentido tiene
para una universidad la incorporación de un docente con grado de doctor en
determinada área con el fin de dictar una cátedra determinada? Podríamos
responder que lo que está buscando es enriquecer la cátedra con los vastos
conocimientos del docente en cuestión. Sin embargo, esta idea se descarta de
plano ya que no se trata de un pedagogo sino de un erudito.
Bajo estas
particulares "normas de calidad" la incorporación de un profesor
cualquiera no tiene sentido para el empresario, dueño o administrador de la universidad,
porque sólo aumenta el coste de producción de su mercancía. Y para el
estudiante no hace la diferencia más que en el supuesto de que la mal entendida
"calidad" del producto aumentara su salario futuro, idea que poco a
poco se comienza a venir abajo.
El sinsentido de la
calidad, el lucro, la idea de la movilidad social, entre otros problemas, han
llevado a que hoy la discusión en el movimiento estudiantil se centre no sólo
en un tema de acceso a un servicio educativo y su costo, sino al sentido mismo
de la educación como problema de la sociedad completa.
En esta línea han
estado centrados nuestros esfuerzos como Coordinadora Educación Popular, en
desarrollar de manera social la idea de que el problema de la educación no sólo
es un problema administrativo, no es asunto de una política pública, sino que
es un tópico que debe abordarse en conjunto por pobladores trabajadores y
estudiantes.
En la región más rural del país, con una
de las mas altas tasas de trabajadores a jornada parcial involuntaria, con
nuestros barrios históricos derrumbados, con hidroeléctricas y plantas
agrícolas que destruyen el medio ambiente, es de vital importancia que nuestra
actividad política tenga como eje fundamental la construcción
multisectorial.
Son estas características que posee el contexto maulino las que
nos llevan a concluir que cuando hablamos del control comunitario no se trata
de una idea de laboratorio que ha de ser insertada en la realidad. El control
comunitario ha sido la respuesta más lógica y sensata para enfrentar los
problemas que un sistema educativo descarnadamente injusto y arbitrario. La
maduración del proyecto educativo neoliberal ha dejado en evidencia al sistema
educativo chileno como un mero medio de obtención de ganancias para privados. Sin
embargo, esto ha hecho al mismo tiempo madurar el proceso de lucha estudiantil.
Lo que en algún momento fueron meras reivindicaciones hoy son cuestionamientos
a la matriz neoliberal del sistema educativo, donde la propuesta del control
comunitario viene a constituirse como un asunto de disputa de poder que lleva
el pueblo frente a una institucionalidad cada vez menos confiable, una lucha
cada vez mas abierta y evidente entre la educación popular y la educación de
mercado que se nos ha impuesto.
